El pleno del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha aprobado por unanimidad solicitar a la Generalitat Valenciana el mantenimiento del Punto de Encuentro Familiar que presta servicio en el municipio desde 2006 tras el anuncio de la administración autonómica de unificar el servicio en la ciudad de Alicante.
La edil de Derechos Sociales, Mariela Torregrosa, ha dejado clara la postura del equipo de Gobierno. La concejal ha remarcado que “como representantes de nuestro municipio, que es al que nos debemos, tenemos que manifestar nuestra voluntad de que este recurso siga estando en San Vicente, prestando el servicio a nuestras familias”.
Torregrosa ha relatado las gestiones realizadas cuando el Ayuntamiento conoció la decisión de la Generalitat. Según ha explicado, “nos pusimos en contacto con los responsables para solicitar información y se confirmó que ya se había licitado el servicio y el motivo de esa decisión, que afecta a todos los puntos de encuentro de la Comunidad Valenciana, unos recursos que dependen únicamente de la Administración autonómica, no del Ayuntamiento”.
La edil ha informado de que actualmente este servicio sigue prestándose a familias de San Vicente y de otros municipios de la provincia. Una vez se adjudique el nuevo contrato, será la empresa adjudicataria la que proponga las instalaciones para el nuevo punto instalado en Alicante que, según la Generalitat, tendrá un servicio más amplio y acorde a las necesidades de las familias, con más profesionales y personal especializado. También se ha puesto de manifiesto que la normativa permitirá ampliar la red o crear nuevos puntos de encuentro si existe demanda suficiente.
Entre los argumentos de la reunificación del servicio, la Generalitat mantiene que existe desigualdad en cuanto a volumen de expedientes y distancia entre los diferentes puntos, inestabilidad laboral y que se incumple el mapa que regula el sistema valenciano de servicios sociales, regulado en anteriores legislaturas. También han incidido en la decisión las quejas reiteradas de algunos ayuntamientos por aportar inmuebles y sufragar los costes de un recurso de competencia autonómica y la dificultad de acometer mejoras en dependencias municipales.
También la concejal de Vox, Isabel Domínguez, se ha pronunciado a favor de mantener el actual Punto de Encuentro Familiar. “Una ciudad con la importancia y población de San Vicente merece contar con este servicio”, ha reclamado la edil, y ha puesto en valor la comodidad y cercanía de la que disfrutan las familias actualmente, “sobre todo pensando en el interés de los menores”.
Vox y PP muestran su apoyo a Ceuta
Con el respaldo de los grupos de PP y Vox, ha salido adelante en el pleno una moción para reclamar la soberanía española y posicionarse en contra de la invasión de Ceuta, presentada por esta última formación. El concejal Pablo Quintana ha comenzado exponiendo la necesidad de posicionarse desde todas las administraciones, incluidos los ayuntamientos como administraciones más cercanas a los ciudadanos españoles, algo necesario “cuando el Gobierno calla y mira hacia otro lado”.
El edil ha reafirmado que “nos afecta a todos que se atente contra la soberanía nacional, que está claramente en peligro”. Quintana ha recordado que este mismo mes de septiembre miles de sanvicenteros salieron a la calle en una concentración histórica, por la alta participación, para manifestar “que Ceuta no está sola y esta moción recoge lo que los ciudadanos dijeron en la calle”.
El concejal de Vox ha recriminado al PSOE que ponga en duda la invasión de Ceuta “pese a la entrada por la fuerza de prácticamente la misma población que vivía hasta entonces en la ciudad y, según parece y revelan algunos informes, con la connivencia del Gobierno marroquí”. Quintana también ha lamentado la repercusión social de la situación porque, según ha indicado, “ya no hay niños en los parques ni mujeres haciendo deporte en las calles”.
También la portavoz del grupo popular, Mercedes Torregrosa, ha querido mostrar su apoyo y solidaridad con la población de Ceuta ante lo que ha declarado que “sí es una invasión” que ha generado una situación de inseguridad en la ciudad. La concejal ha informado de que se han planteado dos enmiendas a la moción, dirigidas principalmente a preservar las relaciones diplomáticas con Marruecos, que no han sido admitidas por Vox. Pese a eso, “vamos a votar a favor pensando en una población que, ahora mismo, no puede vivir en el sitio donde han nacido”.
La edil popular ha recordado que la obligación del Gobierno central es proteger a los ciudadanos españoles ceutíes, “sin embargo, los han abandonado”. Torregrosa ha cuestionado, además, el tratamiento mantenido también con las víctimas marroquíes. En este punto, ha reprochado que “a quien no le importan los 147 muertos es a Marruecos porque ni siquiera se ha dignado a mandar a sus familiares a que reconozcan los cadáveres, y no le importan tampoco al Gobierno de España”.
Al hilo de este asunto, la portavoz popular ha revelado la falta de información sobre el reparto de personas migrantes en municipios receptores, como San Vicente del Raspeig, por parte del Gobierno central, al que reprocha “no decir nada a las autoridades locales, no se dignan a decirnos el número de personas o sus condiciones sanitarias”. Torregrosa ha concluido “que es una crisis tan grande que ustedes no se dan cuenta”.
Impulso a la construcción del IES nº 6
Por parte del grupo socialista, el concejal Eugenio Toledo ha defendido una moción para acelerar la tramitación y ejecución del nuevo IES n° 6. La concejal de Educación, Melania Llopis, ha confirmado su respaldo a agilizar esta infraestructura educativa y ha asegurado que se está trabajando de la mano de la Generalitat con la previsión de que las obras comiencen en 2027.
Llopis ha remarcado que “este equipo de Gobierno apuesta por el IES nº 6 y queremos que sea una realidad cuanto antes”, pero ha aclarado que “ni esa necesidad es nueva ni el expediente está parado”. En contraste, “ha sido en los últimos años, con el equipo de Gobierno presidido por el PP, cuando se ha impulsado su desarrollo”. Actualmente, tanto el proyecto del IES nº 6 como el del CIPFP Canastell se encuentran en estudio para su aprobación definitiva, con la previsión de concluir su tramitación durante 2026 y proceder a su licitación para iniciar las obras en 2027.
La concejal de Vox, Yolanda Iborra, ha explicado el voto en contra de esta formación a una moción, que ha tildado de incoherente. La edil ha incidido en la evolución del proyecto, que se encuentra en su última fase de elaboración, y cuyo calendario se ha hecho público paso a paso. Iborra ha cuestionado, además, la aportación de los partidos que ahora están en la oposición durante la legislatura anterior, dado que el proyecto comenzó su andadura en 2019.
La problemática de la vivienda
La problemática en torno a la vivienda ha sido otro de los asuntos de debate en el pleno ordinario de septiembre a través de dos mociones de los grupos socialista y de EU-UP, que han sido rechazadas.
Tanto PP como Vox han votado en contra de impulsar la declaración de San Vicente del Raspeig como zona de mercado residencial tensionado, una moción presentada por la portavoz de EU-UP, Natalia Jerez.
El portavoz de Vox, Adrián García, ha atribuido al Gobierno central “reventar el mercado del alquiler y conseguir que cada vez haya menos familias que pueden acceder a una vivienda”. Según su relato, “estos partidos progresistas, después de ocho años de ver cómo la oferta de alquiler desaparece; cómo la gente normal no puede pagarse un piso; y cómo la entrada de millones de inmigrantes sin ningún control ha provocado que se multiplique la demanda ante una oferta cada vez más escasa, ahora es cuando se dan cuenta de la catástrofe social que ellos mismos han provocado”.
Por su parte, la concejal de Derechos Sociales ha reconocido que “estamos de acuerdo en la importancia de tener una vivienda, pero no en que la solución sea declarar San Vicente zona tensionada porque eso no implica que vayan a haber más oferta de alquileres, igual ocurre lo contrario, porque lo que se limita es el precio y la prórroga de los contratos, es decir, se les quita poder de decisión a los propietarios”. La edil ha recordado que solo alrededor de un 7% de propiedades pertenecen a fondos de inversión y grandes tenedores, “y, el resto, la mayoría, son personas trabajadoras con uno o dos pisos que, en muchos casos, necesitan ese alquiler para vivir”.
Ante el problema de escasez que genera la subida de alquileres, Torregrosa se ha mostrado favorable a buscar un escenario de seguridad jurídica que genere confianza en los propietarios, así como una economía saneada y la promoción de inmuebles para acabar el déficit de 750.000 viviendas existente en España.
Por parte del PSOE, el concejal Bruno Radermecker, ha planteado en una moción la creación de un sistema municipal de alquiler seguro dirigido a movilizar el parque de vivienda vacía del municipio en manos de pequeños propietarios.
La concejal de Derechos Sociales ha afirmado que “si no hay viviendas, habrá que construirlas”, y ha recordado que es una obligación del Gobierno central, a través del Ministerio de Vivienda, afrontar la problemática generada por la falta de oferta y los elevados precios de alquiler. “Ustedes quieren hacer ver que la responsabilidad es de otros, y lo que es cierto es que el problema se lo genera el Gobierno de España a otros”, ha mantenido Torregrosa, quien también ha señalado al Ejecutivo de Sánchez “por hablar siempre del propietario como el malo de la historia” y generar indefensión ante problemas como la ocupación y recargos fiscales.
La edil popular ha contrastado esta situación con la política de promoción de vivienda pública emprendida por la Generalitat en los últimos años y los recientes anuncios de asumir un seguro para propietarios que incorporen sus viviendas vacías al mercado a precios asequibles, la ampliación hasta los 50 años de la edad para acceder a los avales del IVF y la dedicación de 60.000 millones de euros para nuevas ayudas de alquiler. “Frente a esto el Gobierno central no ha hecho nada ni una sola vivienda. Mucha Casa 47, pero nada de nada”, ha remarcado.
Por parte de Vox, el concejal Vicente Pastor también se ha mostrado en desacuerdo con algunos planteamientos de la moción y ha culpado al Gobierno central de la falta de viviendas públicas de nueva construcción, de desincentivar la iniciativa privada y de agravar la situación de inseguridad jurídica que afecta a los pequeños propietarios. Según ha planteado, en San Vicente “algo está fallando si se destinan residencias de estudiantes a albergar inmigrantes ilegales y viviendas a albergar estudiantes”. También ha cuestionado la coherencia del planteamiento del PSOE y el dato de que existen más de 3.000 viviendas vacías en San Vicente.
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